La “trampa” del proceso constituyente

Por: Claudio Villegas O.

Michelle Bachelet
Michelle Bachelet

Los dos procesos propuestos por el actual gobierno que inauguran el camino a una nueva constitución son la educación cívica y la consulta ciudadana. El primero consiste en una etapa de difusión y educación sobre lo que es una constitución, e intentará responder preguntas como ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Qué es un plebiscito? ¿Qué dice nuestra actual constitución? Y ¿Por qué hay que cambiarla?, y un largo etcétera. Por su parte, la segunda instancia consistirá en diálogos ciudadanos a nivel comunal y regional dirigidos por expertos de todos los sectores políticos, desde los que surgirá el documento “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, el que, según nos dice el gobierno, servirá como insumo para elaborar una propuesta de Nueva Constitución que se discutirá en el futuro.

Entre las muchas objeciones que se han presentado a la propuesta de proceso, nos queremos centrar en una planteada por el presidente de la UDI, Hernán Larraín: ¿Por qué la propuesta es posterior a los procesos de educación y consulta ciudadana? La derecha ha levantado las siguientes críticas:

  1. Esto genera incertidumbre tanto en la ciudadanía como en los grupos de poder, en especial los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, puesto que desconocen las reglas del juego que quiere instalar el gobierno.
  2. Que el comenzar el proceso de esa manera es una trampa, puesto que generaría una sensación ciudadana de estar a favor de “la constitución de Pinochet” o a favor de “una constitución democrática”.
  3. A partir de estas dos objeciones, surge el miedo típico del discurso conservador: la politización del proceso.

Desde una perspectiva analítica, la tercera objeción es un absurdo: un proceso constituyente es siempre un proceso político porque se trata de sentar las reglas del juego del poder para quienes participan de un Estado, sean autoridades o civiles. Por ende, sus actores se encuentran siempre “politizados”, si entendemos como politizado la idea de que buena parte de los que participan de la política comienzan la interacción desde una posición que filtra sus ideas, filtro muy endurecido en algunos o extremadamente poroso en otros. De esta forma, la tercera objeción es un juego retórico propio de la derecha chilena, que intenta hacer política desde posiciones que están “más allá de la política”, lo que es una paradoja evidente.

Por su parte, la primera objeción funciona más como una advertencia a los mismos inversionistas y a la ciudadanía, o por lo menos un reforzamiento del miedo ya se supone instalado. En ese sentido, si suponemos que un político es un experto en política, al enunciar la “incertidumbre” la refuerza, puesto que su voz es autorizada entre los oyentes. Es el juego de “estos saben, por algo lo dicen”. Por otro lado, decir que los inversionistas tienen miedo es infantilizar al grupo. Más bien, la inversión se retira porque está jugando sus cartas contra opciones que vayan contra sus intereses, acallándolas mientras provocan la caída del PIB y del crecimiento económico anual.

Nos queda, por tanto, la supuesta trampa. Esto es una verdad a medias. Es cierto porque ha sido una estrategia recurrente de Bachelet y su equipo el guardar silencio, no tomar posición frente a temas problemáticos o enviar mensajes confusos. Lo fue en su segunda campaña y lo ha sido en torno a reformas estructurales como los mecanismos para garantizar la gratuidad universitaria. La hipótesis de la derecha es que, como ya hemos dicho, se trata de provocar la oposición Constitución de Pinochet versus “Constitución Democrática”. La respuesta del gobierno es que esta es una objeción válida pero que “así es la política” (Diario Financiero, 25 de Octubre de 2015)

Me quiero detener en ese “así es la política”. Si la política consiste en la administración y lucha por el poder, entonces es posible suponer que detrás de toda acción política hay una estrategia, y si hay una estrategia, hay recursos en juego y rivales a los que derrotar. Los rivales del gobierno son la derecha y sus partidos. Los recursos son los votos y la conquista de la opinión pública. Si la estrategia fuera tan sencilla como nos señala la derecha, entonces el gobierno está pensando que la opinión pública y por tanto los votantes tomarán posición por una nueva constitución sólo porque no quieren legitimar a Pinochet, figura ya ampliamente deslegitimada entre los chilenos (aunque exista una minoría pinochetista aún). Pero eso no explica por qué no lanzar una propuesta previa al proceso de “diálogos ciudadanos”, puesto que, bajo la premisa de oponerse a la dictadura, sería más fácil discutir sobre una propuesta con la ciudadanía y luego usarla como capital político contra los adversarios al momento de discutir la propuesta según el mecanismo escogido, sea éste institucional, mixto o de asamblea constituyente. Si de los diálogos surgiera una propuesta entre el gobierno y la ciudadanía, la derecha difícilmente podría oponerse a ella y luego contar con los votos mayoritarios, puesto que se posicionarían contra los deseos de los chilenos, y por ende éstos los castigarían negándoles sus votos. Es decir, la derecha sólo perdería si el gobierno lanzara una propuesta previa y fuese discutida en los diálogos ciudadanos.

Si el cálculo político es ese, entonces ¿Por qué no lanzar una propuesta antes? Antes de lanzar mi hipótesis, quisiera desarmar la estrategia “lanzar la propuesta para que los ciudadanos la discutan”. Es un supuesto válido pensar que el actual gobierno quiere tener muy avanzado el proceso constituyente al momento de su retirada, puesto que para Bachelet ser la “Presidenta que derrocó la Constitución de Pinochet” es un buen slogan que la dejará en la historia del país, y por ende un garante para la Nueva Mayoría de continuar en el gobierno para el 2018. En ese sentido, es posible pensar que una propuesta elaborada entre el gobierno y la ciudadanía no va a defender precisamente los ideales liberal-conservadores de la Constitución actual, amenazando el statu quo construido desde la dictadura y consolidado en la transición, lo que obligará a diputados y senadores de RN, UDI, Evópoli y Amplitud a oponerse al proyecto y, por tanto, retrasar el proceso constituyente, dejando a Bachelet sin la posibilidad de heredarle el proyecto a su sucesor apenas éste cruce la puerta de La Moneda. Ese retraso levantaría la duda y la incertidumbre en la opinión pública y la ciudadanía, profundizando la deslegitimación de los partidos, las figuras y el sistema político chileno, lo que se traduciría en menos participación, mayor desconfianza y nuevos levantamientos como los vimos desde el 2006 hasta hoy. Es decir, toda la clase política pierde, y sería la oportunidad de fuerzas políticas nuevas de ambos espectros.

Mi hipótesis es que la estrategia de gobierno se divide en tres aristas: legitimidad de la ciudadanía, control del adversario y continuidad del pacto Nueva Mayoría.

La legitimidad de la ciudadanía

El gobierno ha dicho que de los diálogos ciudadanos saldrá un documento que los sistematice, y luego éste será considerado un insumo para la construcción de la propuesta de gobierno. Existen dudas metodológicas pertinentes en torno a cómo recoger fielmente esos diálogos en un documento, pero no nos detendremos en eso. Al decir que será un insumo, el gobierno no se compromete a que su propuesta definitiva recoja lo que diga el documento, sino que usarlo meramente como una lluvia de ideas y deseos. En ese sentido, esto libera al gobierno en términos políticos, porque podrán alegar que esos diálogos tenían una diversidad muy compleja de opiniones y que se recogió “lo central” de ellos, donde lo central no será más que una casilla vacía donde todo se puede decir, y en la vaguedad discursiva muchos podrán reconocer atisbos de sus ideas. Además, si la encuesta CEP de agosto de 2015 arroja que sólo un 3% de los chilenos menciona como preocupación central las reformas constitucionales, es poco probable que tanto el proceso de educación cívica como esos diálogos tengan una gran participación ciudadana, lo que también funcionará como una deslegitimación, tanto del gobierno como de la oposición, de lo que surja de los mismos. Y como es obvio, otro ataque a estos diálogos será que sus participantes no tenían la preparación como para pensar en lo que necesita una República para alcanzar el desarrollo, puesto que nadie saldrá preparado para pensar constitucionalmente de 4 meses de educación cívica, periodo que contempla el gobierno para preparar a la ciudadanía a estos diálogos.

Así, los diálogos ciudadanos no son más que un juego comunicacional sin influencia real, y como de ellos no saldrá una propuesta a discutir, no se corre el riesgo que disminuya la aprobación de la clase política en las encuestas -pero tampoco apuestan a que aumente-. Pero esto no explica todo, pues el gobierno simplemente podría haber lanzado su propuesta a discusión, sin consulta ciudadana, y que ésta fuese leída por los parlamentarios mientras se aprueban las reformas necesarias para crear una nueva constitución y para establecer su mecanismo de aprobación, ahorrando tiempo. Pero es aquí donde se debe observar al adversario.

El control del adversario

Sun Tzu y Nicolás Maquiavelo son dos referentes importantes en todos los estudiosos de ciencias políticas, ciencias militares y estrategia en general. Si nuestros políticos no los han leído, sus asesores sí, o al menos han recibido en su formación una buena parte de los principios estratégicos de estos y otros autores. Para ambos, una máxima de la estrategia es el control de la información, lo que es lo mismo que decir “conoce a tu enemigo” o “ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca”, a la vez que se debe controlar la información que se entrega al enemigo. El lector hábil ya adelantará lo que quiero decir: no se lanza una propuesta porque así el gobierno confunde a sus adversarios políticos, quienes no tienen nada concreto para atacar, sino sólo consignas, supuestos y actitudes imaginarias. El populismo y la catástrofe serán las palabras favoritas de la derecha. Pero ésta, además, podrá optar por tres estrategias: la marginación del proceso, la crítica destructiva o la propuesta. Si la derecha se margina, el gobierno adquiere pleno control de lo que suceda en los diálogos ciudadanos y podrá acusar a la derecha de retrógrada y contraria al desarrollo del país, debilitándola. Si la opción es criticar sin proponer, comunicacionalmente se los acusará de incompetentes sin ideas. Por tanto, a pesar de que la derecha puede optar inicialmente por ambas estrategias, estará obligada a proponer algo, a entrar a la discusión más allá de consignas. Estará obligada a citar a su panel de expertos, a discutir en su seno. En el fondo, estará obligada a decir qué es lo que quieren para el futuro y, por ende, a liberar mucha información a su adversario. Y la Nueva Mayoría podrá reflexionar sobre esas ideas mientras piensa en las suyas.

Esto generará dos cosas. En primer lugar, la derecha tendrá que dar a conocer su pluralidad interna: liberales económicos y morales, conservadores, nacionalistas, socialcristianos, y el sinfín de espectros confusos y porosos que hoy la constituyen y que están, unos más y unos menos, representados dentro del Congreso. Lo tendrá que hacer no por un mandato de la ciudadanía, sino que porque la necesidad interna de construir una propuesta implica explicitar convicciones. Esto puede unir a la derecha o puede fragmentarla. Si es la primera opción, la Nueva Mayoría está obligada a recoger esas propuestas y negociarlas con las suyas, hasta construir una propuesta de Nueva Constitución cercana al centro político. Si es la segunda, la Nueva Mayoría se enfrentará a un adversario dividido, logrando así alianzas con algunos grupos con representación en el próximo Congreso y lograr el quórum necesario para aprobar su propuesta. Aquí se puede acusar que ignoramos el proceso de definición del mecanismo para aprobar una nueva constitución, pero si suponemos que en paralelo a dicha discusión surgirá una propuesta negociable, es poco probable que ese mecanismo, definido por el Congreso, sea la Asamblea Constituyente. En mi opinión, cuando exista la propuesta negociada, se establecerá rápidamente que no hay acuerdo sobre el mecanismo al interior del Congreso y que la ciudadanía deberá definirlo vía plebiscito, puesto que un acuerdo de esa índole tiene el potencial de anular las fuerzas disidentes, como la Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, el Partido Liberal y algunos independientes. Y aquí es donde debemos centrarnos en la tercera variable: la continuidad del pacto Nueva Mayoría en el gobierno.

La continuidad de la Nueva Mayoría

Si la Alianza tiene un 10% de aprobación (Encuesta CEP, agosto 2015), podemos pensar que no es la gran amenaza al pacto Nueva Mayoría si la desconfianza ciudadana hacia los partidos continúa. La verdadera amenaza a la Nueva Mayoría –y a la derecha partidista- son los movimientos emergentes de ambos espectros políticos y el uso que éstos den a su creciente capital político para las próximas elecciones parlamentarias. Por ende, a los pactos actuales les conviene llegar a un acuerdo. De lo contrario, el proceso constituyente dejará demasiados heridos en ambos bandos. Sin embargo, ese acuerdo no puede continuar el orden actual, no puede significar otra foto del “acuerdo” con las manos tomadas, porque eso los destruiría comunicacionalmente.

¿Por qué, entonces? Aquí lo que importa es el tiempo. Si la Nueva Mayoría no pudiera recoger las ideas de la derecha para escribir una propuesta negociable, el proceso de discusión se dilataría más allá del 2018. Esa es la esperanza de la derecha, pues así Bachelet no podría ser la Presidenta de la Nueva Constitución, lo que significaría la derrota definitiva del pacto Nueva Mayoría y del programa de Michelle Bachelet, pues no habría consolidado absolutamente ninguna de sus propuestas. Pero si la propuesta es negociable, sea para una porción pequeña y necesaria de la derecha, o para una buena parte de ésta, entonces deberán colaborar, pues así podrán apostar a una nueva imagen: propositiva, defensora de sus ideas, negociadora y sin aversión al cambio, repuntando en las encuestas y aumentando la confianza de sus votantes fieles y los indecisos.

Si bien es difícil pensar que la derecha ganaría las próximas elecciones presidenciales con una Nueva Mayoría capaz de aprobar una nueva constitución, es evidente que podrán apostar al nuevo Congreso, pues todo el proceso implicará el trabajo acucioso sobre sus ideas y sus referentes, lo que gustará a esa parte de la ciudadanía que, sin posición clara, se identifica como emprendedora, ambiciosa, familiar, ordenada, que odia la delincuencia y detesta a quienes “quieren que les regalen todo”. La derecha, sea cual sea su espectro, podrá fortalecer su base de votantes, y aunque la Nueva Mayoría gane las elecciones por tener una Constitución en la mano y un heredero o heredera activa en el proceso, es esperable que esa Constitución no sea una gran conquista para los principios de la izquierda.

Volvamos a la ciudadanía: en los próximos dos años, los chilenos atravesarán por un intenso proceso de efervescencia política. La proliferación de debates constitucionales y de las ideas detrás de cada posición obligará a los chilenos a mirar sus convicciones y a quienes las representan. El debate será menos insípido que el experimentado hasta ahora. Surgirán programas televisivos que estimulen el intercambio de ideas e internet se plagará de discusiones, haciendo de esto el verdadero proceso de educación cívica y de discusión ciudadana. De hecho, es muy probable que la Democracia Cristiana apueste a que el Partido Comunista abandone el pacto Nueva Mayoría en este escenario, situándolos con las fuerzas políticas marginales –donde siempre debió estar, dirán algunos fanáticos del orden-. Y ese proceso estará también acompañado de amenazas de desestabilización del país y de desaceleración económica. En medio de ello surgirá la propuesta negociada, y tanto medios de comunicación como las figuras políticas alineadas con ella estimularán a la ciudadanía a participar del plebiscito ¿Por qué? Porque la opción de Asamblea Constituyente es muy lenta para que ésta se encuentre cercana a aprobar la Nueva Constitución en las elecciones presidenciales, dejando a la Nueva Mayoría sin una promesa creíble de nueva constitución para el próximo gobierno. Además, la Asamblea Constituyente tiene muy pocos adherentes en el Congreso como para que ésta sea la opción. Tampoco se aprobará con un Congreso a puertas cerradas, porque eso simplemente repetiría el intento de Ricardo Lagos de hacer pasar por una nueva constitución las reformas del 2005, lo que hablaría de una clase política profundamente estúpida y ciega a la experiencia. La opción mixta, por su parte, y a pesar de compartir muchos vicios con el Congreso a puertas cerradas, pareciera ser el mecanismo más viable para discutir la propuesta, y será promovida en medios de comunicación y entre las figuras políticas para que la ciudadanía la apruebe en el plebiscito. Pero hay que recordarlo: sea cual sea el mecanismo, la propuesta de Constitución ya vendrá negociada.

Si nuestros representantes saben que gran parte de su poder y la estabilidad del país reside en que los chilenos nos sintamos comprometidos con el orden que nos gobierna, sabrán que el plebiscito es una opción para que la ciudadanía, luego de toda esta efervescencia, sienta, crea que esa Nueva Constitución, construida a partir de un mecanismo definido por ella, le pertenece, y votará a su favor en el plebiscito de ratificación. Así, el sistema político ganará en estabilidad, y sus representantes podrán perpetuarse con tranquilidad al menos un periodo más en el poder, sea ejecutivo o legislativo, sumando aprobación. Y aunque esa nueva constitución quizás signifique algunas conquistas para el progresismo, como un probable fortalecimiento de la salud pública, de las instituciones fiscalizadoras, de la probidad, de los derechos indígenas, de las regiones, de la educación pública, de los derechos de los trabajadores, no va a intervenir en las reglas centrales del orden que nos gobierna: la democracia representativa, el estado unitario, la economía de libre mercado y, por ende, la protección acérrima de la propiedad privada.

Entonces ¿Por qué la Nueva Mayoría no ha presentado una propuesta? Porque, dados nuestros argumentos, es una estrategia basada en que sólo al no presentarla puede asegurar su continuidad en el poder.

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